El profesor del Departamento de Derecho Laboral de la Facultad y director del Magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social, Álvaro Domínguez Montoya, participó en las XXXI Jornadas Nacionales de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, realizadas en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
En la instancia, el académico integró la mesa “Importancia de los principios e indicios en aspectos probatorios en los nuevos escenarios del Derecho del Trabajo y Seguridad Social”, donde presentó la ponencia titulada “Despido por acoso e informe de investigación patronal: carga de la prueba, garantías procesales e inconstitucionalidad”.
Su exposición abordó el inciso cuarto del artículo 211-E del Código del Trabajo, incorporado por la Ley N.º 21.643, conocida como Ley Karin, que establece exigencias probatorias para el trabajador despedido luego de una investigación por acoso laboral o sexual. En particular, analizó la disposición que exige al trabajador aportar en juicio pruebas para desvirtuar los hechos consignados en el informe de investigación.
A partir de las interpretaciones desarrolladas por la doctrina y de los primeros pronunciamientos de los Juzgados de Letras del Trabajo y de la Corte de Apelaciones de Santiago, el profesor Domínguez examinó la relación de esta norma con el artículo 454 N.º 1 del Código del Trabajo, que establece que corresponde al empleador acreditar la veracidad de los hechos consignados en la carta de despido.
Sobre esta base, el profesor sostuvo que interpretar la disposición como una inversión de la carga de la prueba resulta contrario a la garantía constitucional de un procedimiento racional y justo, consagrada en el artículo 19 N.º 3, inciso sexto, de la Constitución Política de la República. Según argumentó, esta interpretación eximiría de probar a quien formula la imputación, obligaría al trabajador a demostrar un hecho negativo y otorgaría un peso decisivo a un documento elaborado unilateralmente por una de las partes.
La participación del académico permitió incorporar al debate especializado los desafíos jurídicos que plantea la aplicación de la Ley Karin en materia de despido, especialmente en lo relativo a la distribución de la carga probatoria, el resguardo de las garantías procesales y la interpretación de las normas laborales conforme a los principios constitucionales.
